El juez que ordenó la reunificación de familias separadas en la frontera por una política impulsada por el presidente Donald Trump dijo que es responsabilidad del gobierno ubicar a los padres que fueron deportados sin sus niños para evitar “huérfanos permanentes”.

“La realidad es que aún hay cerca de 500 padres que no han sido localizados, muchos de los cuales fueron removidos del país sin su niño; todo esto es el resultado de la política del gobierno de separar y, luego, de su incapacidad y fracaso para rastrear y reunir”, señaló el magistrado Dana Sabraw, en una audiencia telefónica con las partes desde su despacho en San Diego.

“La realidad es que por cada padre que no es localizado habrá un niño huérfano permanente, y eso es 100 por ciento responsabilidad del gobierno”, dijo el juez.
Sabraw ordenó que el gobierno pusiera a una persona a cargo de la operación para encontrar a los padres deportados de 410 niños que aún están en el país en un limbo. “Esta será una tarea importante, y está claro que tiene que haber una persona a cargo”, zanjó el juez, quien consideró “inaceptable” que hasta ahora solo se hayan localizado 13 padres.

“El juez se rehúsa a dejar que el gobierno escape del desastre que causó”, dijo Lee Gelernt, el abogado de la organización de derechos humanos Aclu, que encabeza la demanda contra el gobierno.

El gobierno había sugerido en su informe del jueves que la Aclu debía usar “su red de bufetes, ONG y voluntarios” para “establecer contacto” con los deportados y determinar si quieren reunirse con sus niños. Asimismo, sugirió que la organización debía proporcionar información sobre la filiación con el menor para luego buscar la mejor manera de reunificarlos.

De hecho, esos 13 padres fueron localizados por la parte acusadora. Aclu señaló a su vez que “ha dejado claro que harán todo lo que esté en su poder para ayudar a localizar a los padres deportados, pero hace hincapié en que es el gobierno el que debe cargar con la tarea de hacerlo”.

“No solo fue el gobierno el que implantó esta práctica inconstitucional de separación que llevó a la crisis, sino que el gobierno de Estados Unidos tiene más recursos que cualquier ONG”, indicó.